Abogados especialistas en alegaciones en Madrid y resto de España

Ofrecemos asesoramiento en Derecho Administrativo, impugnación de exámenes a la Administración, sanciones y procedimientos relacionados con licencias, clausuras de actividad y responsabilidad patrimonial del Estado.

En López Royo Abogados somos especialistas en Derecho Contencioso-Administrativo y ofrecemos asistencia integral en alegaciones, reclamaciones previas y recursos, así como en impugnación de exámenes a la Administración, sanciones administrativas y gestión de licencias y clausuras de actividad. También defendemos los derechos de particulares y empresas en casos de responsabilidad patrimonial del Estado, asegurando soluciones eficaces y protección legal frente a la Administración.

Nuestro equipo analiza cada procedimiento con rigor jurídico, buscando siempre resultados favorables y seguridad jurídica para nuestros clientes.

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Problemas frecuentes

Sanciones administrativas

Gestionamos sanciones por horario, aforo, ruido o exceso de velocidad/pesaje, presentando alegaciones y recursos ante la Administración.

Impugnación de exámenes

Asesoramos en la impugnación de exámenes a la Administración, garantizando que se respeten los derechos de los opositores.

Licencias y clausuras

Intervenimos en procedimientos de licencias y clausuras de actividad, defendiendo los intereses legales de particulares y empresas.

Responsabilidad del Estado

Gestionamos casos de responsabilidad patrimonial del Estado, salvaguardando las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por actos y/u omisiones de la Administración.

Cómo te ayudamos

Casos de éxito

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Derecho Administrativo?

El Derecho Administrativo regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública, estableciendo derechos, obligaciones y procedimientos administrativos. Nuestro despacho asesora sobre alegaciones, reclamaciones previas, recursos y procedimientos administrativos, garantizando la defensa de los intereses del cliente frente a decisiones de la Administración de manera profesional y eficaz.

Si un examen de la Administración presenta irregularidades, es posible presentar un recurso de impugnación. Analizamos los criterios de evaluación, plazos y requisitos legales, preparando el recurso de forma completa y representando al interesado para asegurar que se respeten sus derechos ante la Administración y se obtenga la resolución más favorable.

Se pueden recurrir sanciones administrativas relacionadas con horarios, aforos, ruido, tráfico o cualquier incumplimiento normativo. Nuestro equipo evalúa la legalidad de la sanción, prepara alegaciones o recursos y acompaña al cliente en todo el procedimiento para garantizar la defensa de sus derechos y minimizar posibles consecuencias económicas o legales.

En casos de clausura de actividad o denegación de licencias, es posible presentar recursos administrativos y reclamaciones para revertir la decisión. Asesoramos sobre la normativa aplicable, la documentación requerida y los plazos legales, protegiendo los intereses del negocio y buscando soluciones rápidas y efectivas.

La responsabilidad patrimonial del Estado se produce cuando la Administración causa daños a particulares por actuaciones ilegales o negligentes. Nuestro despacho asesora en la valoración de daños, preparación de reclamaciones y procedimientos judiciales, asegurando que se respeten los derechos de los afectados y se obtenga la compensación adecuada.

Las alegaciones y reclamaciones previas son recursos iniciales ante la Administración antes de acudir a los tribunales de justicia. Analizamos la situación, aportamos la documentación necesaria y acompañamos al cliente durante todo el proceso, garantizando que se cumplan los plazos y requisitos legales para aumentar las probabilidades de éxito.

Sí, las decisiones administrativas desfavorables se pueden impugnar mediante recursos administrativos y, posteriormente, recursos contencioso-administrativos. Nuestro equipo revisa la resolución, asesora sobre la vía más adecuada y gestiona todo el procedimiento, defendiendo los derechos del cliente y buscando una resolución justa conforme a la normativa vigente.